El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha relanzado el proyecto de creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, con la publicación del nuevo texto en audiencia pública, informó ayer a través de un comunicado. El proyecto ya fue aprobado por el Congreso de los Diputados el pasado mes de mayo y decayó antes de su adopción final por la disolución de las Cortes con motivo de la convocatoria de elecciones generales.
Según publica Economía el texto publicado incluye las modificaciones incluidas en la tramitación parlamentaria y que contaron con el respaldo de la mayoría de los diputados, como es la financiación de la nueva Autoridad por parte de las entidades financieras y la recurribilidad de las resoluciones vinculantes que dicte ante la jurisdicción civil, garantizando de este modo la protección de los clientes financieros.
La vicepresidenta primera del Gobierno, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
En el conunicado, el Ministerio abre un plazo hasta el 26 de diciembre para recibir aportaciones y los informes preceptivos al texto que se pactó en el Congreso, y que ya recogió buena parte de las inquietudes trasladadas por el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o las entidades financieras y aseguradoras.
Estos cambios, por ejemplo, afectaron al rediseño total de la tasa, que pasa a calcularse en función del número de reclamaciones que genere cada entidad (penalizando además aquellas con peores prácticas y más reclamaciones perdidas) o a la concentración de los recursos judiciales a las reclamaciones, vinculantes y no vinculantes, en una sola jurisdicción, la civil. Durante su tramitación en la comisión de Asuntos Económicos del Congreso, se eliminó la tasa de 250 euros por reclamación que deberían pagar los negocios de Mediación y las empresas demandadas, según el proyecto original La modificación se adoptó antes de pasar al Pleno para su aprobación definitiva en las próximas semanas.
El sector de la mediación, a través del Consejo General se dirigió a los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos señalando que establecer una tasa a priori culpabilizaba a la empresa desde el momento en que tiene que pagar previamente, dándose por buena una denuncia antes de demostrar su veracidad. Dado que esta iniciativa de oposición a una tasa, que los mediadores consideraron injusta, fue recogida por el banco del Partido Popular, hoy con mayoría en el Senado, es de prever que no se resucite en esta reactivación del proyecto del Ministerio de Economía.
Fuente: Seguros News